Canal de Denuncia

Detalles Cruciales de la Ley 2/2023 para Notarías:

1. Facilidad de Acceso y Uso: El canal debe ser intuitivo y accesible, asegurando que tanto empleados como clientes y otras partes relacionadas puedan informar sobre irregularidades sin barreras.

2. Confidencialidad y Plazos de Respuesta: La ley enfatiza la importancia de mantener la confidencialidad entre el denunciante y el responsable del canal. Los plazos de respuesta son clave:

   • Acuse de recibo en 7 días naturales.
   • Resolución de la denuncia en un máximo de 90 días, extensibles si es necesario.

3. Modalidades de Denuncia: Se permite la flexibilidad en la forma de presentar denuncias: escritas, verbales o en persona, adaptándose a diversas necesidades comunicativas.

4. Anonimato y Tecnología: La utilización de tecnología avanzada para la gestión de denuncias anónimas es crucial, destacando la importancia de software especializados en el manejo de estas comunicaciones.

5. Medidas de Protección Integral: La ley requiere que se apliquen medidas exhaustivas para garantizar la seguridad y confidencialidad de todas las partes, y proteger al denunciante de represalias.

6. Cumplimiento de Protección de Datos: Se subraya la necesidad de alinear el canal con las regulaciones de protección de datos, designando un Delegado de Protección de Datos.

7. Desarrollo de Protocolos y Reglamentos Internos: La elaboración de documentos detallados que describan la operativa del canal es fundamental para asegurar su eficacia y transparencia.

8. Registro y Seguimiento de Denuncias: Mantener un registro detallado y un seguimiento de todas las denuncias, resoluciones y procesos asociados.

9. Comunicación y Responsabilidad: Informar de manera efectiva sobre la existencia y uso del canal a todos los miembros de la notaría y otras partes interesadas.

10. Evaluación y Mejora Continua: La ley sugiere la revisión periódica del canal para garantizar que sigue siendo efectivo y relevante en el contexto de un entorno en constante cambio.

1. Establecimiento de Vías de Comunicación Las notarías deben seleccionar y configurar métodos para presentar denuncias, tanto escritas como orales con el fin de garantizar un acceso fácil y confidencial a todos los implicados.

2. Designación de un Responsable que puede ser una persona o un órgano colegiado. Este debe ser independiente y con capacidad decisiva, asegurando la objetividad en la gestión de las denuncias.

3. Elaboración de Protocolo y Reglamento Este documento debe alinearse con las disposiciones de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, y otras leyes pertinentes, garantizando la protección del denunciante y la eficiencia en el tratamiento de las denuncias.

4. Creación del Libro-Registro, vital para mantener un seguimiento y una gestión adecuada, en conformidad con las normativas legales vigentes.

5. Comunicación del Canal de Denuncias Informar a todos los miembros de la notaría sobre la existencia del canal, su protocolo y reglamento, es un paso esencial para fomentar una cultura de transparencia y cumplimiento normativo.

6. Opción de Gestión Externa: la ley permite la externalización de este servicio. Un gestor externo, aunque no puede ser el Responsable del canal, puede contribuir significativamente en la valoración y clasificación de las denuncias, además de proporcionar asesoramiento jurídico y soporte en investigaciones internas, en línea con la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y otras regulaciones aplicables.

7. Software para la Gestión de Denuncias La mayoría de los servicios externos incluyen software especializado para la gestión del canal de denuncias. Este software facilita una administración más eficiente y segura de las denuncias, asegurando la conformidad con las leyes y regulaciones vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

A grandes rasgos, es susceptible de ser denunciadas:

1. Infracciones del Derecho de la Unión Europea: Acciones que contradigan los actos de la UE detallados en la Directiva 2019/1937, afecten los intereses financieros de la UE, o incumplan normas de competencia y fiscales de la UE.
2. Infracciones Penales o Administrativas Graves: Incluyen aquellas que generen un daño económico significativo a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, como fraudes, estafas, insolvencias punibles, y delitos fiscales y laborales.

3. Conductas No Éticas y Laborales: Se pueden reportar casos de acoso, discriminación, violaciones de la privacidad, prácticas laborales injustas, y otros comportamientos no éticos en el entorno laboral.

Las notarías enfrentan un panorama legal riguroso en relación con la instauración de Canales de Denuncias, tal como lo establecen la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Ley 2/2023 de Protección del Denunciante. La inobservancia de estas disposiciones normativas puede acarrear consecuencias sancionatorias de gran envergadura.

1. Sanciones Según Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales: Las notarías que no implementen un canal de denuncias adecuado pueden recibir sanciones de hasta 60.000 euros. Esta cuantía refleja la gravedad atribuida a la falta de mecanismos internos para reportar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

2. Sanciones Ampliadas Bajo la Ley 2/2023: Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, el espectro sancionador se amplía significativamente. Las sanciones económicas para personas jurídicas pueden alcanzar hasta 1 millón de euros, y hasta 300.000 euros para personas físicas. Esta ley no solo castiga el incumplimiento en la implementación del canal, sino también cualquier acción que implique represalias contra los denunciantes.

3. Clasificación y Prescripción de Infracciones: Las infracciones se clasifican según su gravedad en leves, graves y muy graves, con un régimen de prescripción que varía desde los 6 meses para las leves hasta los 3 años para las muy graves. Asimismo, las sanciones prescriben en un periodo de 1 a 3 años, dependiendo de la gravedad de la infracción.

4. Sanciones Adicionales en Casos de Infracciones Muy Graves: Para infracciones de máxima gravedad, se contemplan sanciones adicionales como la amonestación pública, la prohibición de acceder a subvenciones y beneficios fiscales por un máximo de 4 años, o la prohibición de contratar con el sector público por hasta 3 años. Las sanciones que superen los 600.001 euros podrán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).